¿Quién es el Lic. Gilberto Rincón Gallardo y Meltis?

"Un político debe tener convicciones firmes y certezas éticas, pero precisamente por ello debe estar permanentemente abierto a la duda y a la crítica"

A las 12:30 del sábado 30 de agosto, en la Ciudad de México, a los 69 años de edad, tras permanecer internado en el Hospital Ángeles de la ciudad de México debido a problemas cardiorespiratorios y después de haber sido intervenido para colocarle un marcapaso falleció el Lic. Gilberto Rincón Gallardo y Meltis.

Nace el 15 de mayo de 1939 nace Don Gilberto Rincón Gallardo, quien desde niño percibió al mundo desde la óptica de quien se reconoce diferente y, por tanto, con el derecho a ser incluido y en consecuencia con la obligación de ser incluyente como él mismo lo declaró alguna vez:

"…Desde niño tuve una influencia muy fuerte de valores humanos que son insustituibles: el respeto y la preocupación por el otro, la idea de compromiso con la comunidad en la que uno vive, y eso se va traduciendo en el compromiso por la lucha social…"

Don Gilberto Rincón Gallardo estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue miembro fundador del Movimiento de Liberación Nacional, la Central Campesina Independiente y el Frente Electoral del Pueblo. Tras apoyar en su candidatura por la presidencia al líder del derechista Partido Acción Nacional, Luis H. Álvarez, decidió unirse a las luchas obreras y sociales encabezadas por la izquierda socialista en México.

Compañero del ingeniero Heberto Castillo (heredero político del General Lázaro Cárdenas del Río), de los líderes ferrocarrileros Valentín Campa y Demetrio Vallejo, Rincón Gallardo participó en la fundación del Movimiento de Liberación Nacional, encabezado por el entonces ex presidente Cárdenas del Río en la década de los 60’s. Ahí colaboró por primera vez con el hijo del general, Cuauhtémoc Cárdenas, quien empezaba en aquel entonces su carrera política.

En 1964, por parte del Frente Electoral del Pueblo (F.E.P) Rincón Gallardo fue candidato a diputado para el 11º distrito, lacompañado en aquella ocasión el famoso muralista David Alfaro Siqueiros, el periodista y escritor Renato Leduc(ambos competían por la senaduría del DF) y Valentín Campa, entre otros.

Su lucha política de izquierda le llevó a ser apresado en 32 ocasiones, de acuerdo con la revista Época "el mexicano que más veces ha estado en la cárcel", aunque el propio Gilberto reconoció en una entrevista con el reportero Fredy Secundino: “no siempre estuve en una prisión de manera formal, en ocasiones eran una especie de secuestros que duraban 24 o 48 horas”.

Fue preso político entre 1968 y 1971. Fue miembro y ocupó posiciones dirigentes en partidos políticos como el Partido Comunista Mexicano, el Partido Socialista Unificado de México, el Partido Mexicano Socialista, organización que tras ceder la candidatura del ingeniero Heberto Castillo a favor de Cuauhtémoc Cárdenas dio inicio al PRD en 1989, al que posteriormente se uniera para después incorporarse a las filas del Partido Democracia Social.

Fue diputado federal en las legislaturas LI y LV. En 1999, fundó el Centro de Estudios para la Reforma del Estado, del cual fue director general.

En 1999, tras su renuncia al Partido de la Revolución Democrática, formó junto con un grupo de intelectuales, ex guerrilleros, funcionarios y militantes de diversas ramas de la izquierda, así como de diversas ONGs, el Partido Democracia Social, que lo postuló como su candidato a la presidencia en 2000. Este instituto político se declaró abiertamente socialdemócrata, este partido lo escogió como candidato a la Presidencia de México en el año 2000, generando amplias polémicas por susposturas reformistas y por ser el primer partido del México moderno en denunciar, durante su campaña, la gran discriminación que se vive en el país, además de asumirse abiertamente socialdemócrata, impulsando propuestas polémicas, en aquellos tiempos, como las leyes de sociedades de convivencia y la despenalización del aborto, además de hacer hincapié en la igualdad de género y lucha contra la discriminación.

Inició su campaña en Ocosingo, en el estado de Chiapas, pronunciando las siguientes palabras:

“…Es un honor para mí iniciar esta campaña en un estado como Chiapas, que merece la atención del país por su tolerancia, por su esfuerzo, por su sabiduría, por su paciencia y por su condición de paz… este es un estado subyugado por enormes desigualdades sociales y porque además carece de un estado de derecho. Esas dos banderas son eje de todas nuestras medidas y de nuestra conducta; por ello, quisimos lanzarlas como mensaje a la nación desde Chiapas…”

Algunos de nosotros aún recordamos su brillante actuación en uno de los debates del año 2000, que se convirtió en el medio que de mejor manera comunicó su plataforma; que quedó demostrado en las encuestas posteriores a aquel memorable debate. Su actuación fue una memorable y enaltecedora demostración de la dimensión de la congruencia entre el decir y el hacer. Gilberto será recordado no por ser un hombre que buscara cargos, sino por asumir posiciones.

Cuando fue candidato a la Presidencia de México, desde mi óptica fue el candidato que representaba la opción más transparente y avanzada para el país dada su evidente disposición para la construcción de acuerdos y a realizar cambios importantes en este país, lamentablemente su partido poco pudo hacer ante la urgencia de colocar una figura con la capacidad en los medios para convocar suficientes votos para finalizar la estadía del PRI en la presidencia de la república.

En 2001, formó y encabezó la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación, que formuló el anteproyecto de ley en la materia, mismo que fue la base de la iniciativa que el Congreso de la Unión aprobó en abril de 2003 y entró en vigor en junio de ese mismo año.

En 2001, presidió la Delegación Oficial de México en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, celebrada en Durban, Sudáfrica. En este contexto se presentó la iniciativa para que la Organización de las Naciones Unidas formulara una Convención Internacional para los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Fue articulista del periódico Excélsior y comentarista permanente del noticiario Imagen Informativa, asimismo colaboró en el periódico Reforma, y la agencia de noticias NOTIMEX.

Don Gilberto Rincón Gallardo asumió como titular del CONAPRED (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación) en 2003 por nombramiento del Presidente de la República, y por un periodo de tres años, que concluyó en diciembre de 2006.

A partir de 2005, fue integrante del Consejo Consultivo de la Oficina de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México.

El 8 de diciembre de 2005 recibe el premio al Mérito Gay por su lucha contra la homofobia y sus propuestas a favor de la comunidad LGBT.

Dada su entereza y honorabilidad, el presidente Felipe Calderón Hinojosa lo designó para un segundo periodo al frente del CONAPRED que debía concluir en diciembre de 2009. Su trabajo al frente del CONAPRED lo compaginó hasta el final con el de articulista regular en diversos medios de difusión como los. También fue autor de diversos libros. En 1987 publicó Ahora y a la luz del día. Nuevas relaciones entre la Iglesia y el Estado, en 1999 publicó A contracorriente.

Es importante citar el octavo punto de la Declaratoria de la XXIX Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores celebrada en Nuevo Vallarta, Nayarit,en septiembre 11 del 2006:

“…OCTAVO.- La CONAGO agradece la presentación del Licenciado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis, Presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación sobre el ‘Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación’.

Asimismo, este Pleno de Gobernadores suscribe el “Acuerdo Nacional por la Igualdad y contra la Discriminación” y coincide en la necesidad de impulsar leyes estatales donde se asuma la responsabilidad del Estado para introducir acciones afirmativas, medidas compensatorias que promuevan la integración escolar y laboral, así como la equidad en la justicia, salud, educación y trabajo…”

Entre las tareas a las que había dedicado una parte importante de su tiempo estuvo la de impulsar, con la representación de México, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Fue el representante de la delegación mexicana en todas las gestiones internacionales de este documento en el seno de la ONU, hasta que entró en vigor el 3 de mayo de 2008. Esta convención tiene un enfoque moderno que enfatiza la igualdad de derechos para ese sector de la población, su capacidad jurídica y deja de lado el enfoque asistencialista tradicional. De esta forma, esta es la primera vez que a nivel mundial se cuenta con un instrumento que permite velar por los derechos de las personas con discapacidad que, en México, de acuerdo con datos extraoficiales, se calculan en diez millones y en el mundo suman 650 millones.

Derivado de lo anterior, recientemente el gobierno mexicano había propesto su candidatura ante dicho organismo internacional para que formara parte del Comité de Seguimiento de la ONU, que se encargaría de verificar el cumplimiento de la referida Convención en los países firmantes.

Recientemente el Fondo de Cultura Económica publicó su libro “Entre el pasado definitivo y el futuro posible. Ejercicios de reflexión política en clave democrática”.

“Nada de nosotros sin nosotros”

G.R.G.M.

LA DISCAPACIDAD EN MÉXICO

Lic. Gilberto Rincón Gallardo.

En la mayoría de los países, las cifras sobre discapacidad no especifican el porcentaje de las personas con discapacidad múltiple. Esto destaca su invisibilidad para la sociedad, para los programas de gobierno, los presupuestos y las políticas públicas.

Las personas con discapacidad múltiple pueden tener un origen prenatal, perinatal o postnatal, en los conflictos armados, en violencia, o pueden ser el resultado del proceso de envejecimiento que ocasiona  la pérdida en diferentes grados de agilidad, movilidad, agudeza visual, audición y habilidades cognitivas como la memoria.

La discapacidad múltiple se caracteriza por la presencia de diferentes discapacidades en diferentes grados y combinaciones: discapacidad intelectual, auditiva, motora, visual,  autismo, parálisis cerebral, algunos síndromes específicos, epilepsia, hidrocefalia, escoliosis y problemas  de comportamiento.

Pueden tener un rango variable, dependiendo de la edad, así como de la combinación y severidad de sus discapacidades. 

Hablar de discapacidad múltiple no solamente es sumar los tipos de discapacidad que puede tener una persona, sino es la interacción que tienen juntas. Es importante entender las dificultades reales a las que se enfrentan las personas con discapacidad múltiple.

Las personas con discapacidad múltiple han sido uno de los grupos más discriminados. La sociedad sólo ha reparado en ellos por luchas personales, como el caso de Gaby Brimmer y de los movimientos de las familias de personas con discapacidad múltiple que se han unido para tratar de ir cambiando un panorama adverso para ellos.

Es muy poco frecuente ver a personas con discapacidad múltiple en las calles, en las escuelas, en los museos o salas de conciertos, en las guarderías. La razón es que no existen programas de apoyo para ellos, las familias realizan largos peregrinajes plagados de discriminaciones y negación de servicios. Cuando se les ofrecen servicios son parciales e incompletos.

Los especialistas no han  profundizado en las técnicas de manejo, ni en la tecnología asistida; conocen poco de las formas de comunicación no verbal o de sistemas aumentativos o alternativos de comunicación.

En los países desarrollados, las personas con discapacidades múltiples han sido tradicionalmente confinadas en instituciones, generalmente reciben atención adecuada, pero desprovista de afecto y excluidas del núcleo familiar. Con el movimiento de inclusión en el mundo, en esos países las personas con discapacidad múltiple se han ido incorporando a los sistemas educativos regulares y especiales, desarrollando estrategias educativas y teniendo una serie de recursos y apoyos para su inclusión familiar y social.

En los países en desarrollo permanecen dentro de la familia, pero al no contar con apoyos y capacitación por parte del Estado, resultan  con frecuencia mal atendidos y se perciben como una carga.

Sería necesario legislar sobre la capacitación de las familias, para promover un modelo basado en los derechos de las personas, que involucre aspectos de salud, educación, trabajo, recreación, cultura, deporte, vida comunitaria y todos los aspectos de la vida. Sobre una serie de programas de apoyo a las familias como técnicas de alimentación, rehabilitación, comunicación, situaciones de emergencia, problemas de salud, así como apoyo emocional.

Sería importante legislar  y aprobar presupuestos para “Centros de Respiro” que permitan a las familias tener algunas horas libres para llevar a un Doctor a otro hijo o para actividades personales.

Es necesario legislar sobre capacitación a los profesionales, fomentando el trabajo en equipo interdisciplinario. Que conozcan e informen a los familiares los recursos que tiene su comunidad, en servicios médicos, educativos, sobre ayudas técnicas y los grupos de autoayuda, herramienta fundamental en el apoyo a las familias.

Necesitamos legislar en materia de estadística, conocer cuantas personas tienen discapacidad múltiple en nuestro país  propiciará la adecuada planeación de servicios y los presupuestos reales que se requieren.

Y no olvidar que la legislación debe exigir la participación de las personas con discapacidad en el desarrollo de políticas públicas, planes y programas, porque ellos son los expertos en la materia.

La ausencia histórica en México de  estrategias públicas que promuevan, compensen y estimulen la integración laboral, sanitaria, educativa y cultural de las personas con discapacidad viene a cerrar y a reproducir el círculo vicioso de las diferencias de trato por discapacidad.

No hay razones para no compartir la estimación de la Organización Mundial de la salud, según la cual, las personas con discapacidad en México debemos constituir aproximadamente el 10% de la población nacional.

En este sentido, nuestro país se mantiene en un rango demográfico similar al de la mayor parte de las naciones occidentales. Aunque el 2.6% de las personas con discapacidad que registro el INEGI en el último Censo de Población y vivienda parece referirse, más bien, a los casos de discapacidad múltiple o agravada. En todo caso, las personas con discapacidad constituimos un grupo de población muy importante.

Sin embargo, la desigualdad económica, la ausencia de oportunidades reales y la segregación social, que son sufridas por la mayoría de la población mexicana, se hace particularmente aguda y además, cruel, en el caso de las personas con discapacidad.

Resulta claro que las personas con discapacidad, las personas que son diferentes requieren, para su inserción social y laboral, oportunidades también diferentes. No puede esperarse que la lógica de la eficiencia del mercado sea capaz de abrir nichos de oportunidad para personas que  viven bajo condiciones que las hacen menos competitivas.

La discriminación que sufre la gran mayoría de las personas con discapacidad es casi siempre legalmente invisible, pero cada vez más estamos en posibilidad de demostrar que el cierre de oportunidades sociales o laborales está determinado por criterios de desprecio social o por conductas discriminatorias.

Por ello, si bien la lucha contra la discriminación por razones de discapacidad ha de tener como meta un cambio cultural profundo que conduzca a revertir las diferencias de trato ahora existentes, en el cual estamos trabajando, debe señalarse que nuestra urgencia ha sido avanzar ahora mismo en reformas legales e institucionales que permitan que el Estado sea capaz de amparar, por un lado, políticas de protección contra los actos de discriminación y, por otro, políticas de promoción, habilitación sanitaria, educativa y de acción afirmativa o tratamiento preferencial  para promover la integración social, laboral y cultural de la población con discapacidad.

En este contexto, permítanme dar cuenta, mediante la exposición de algunos datos, del avance legal e institucional en México y  de la creación de un nuevo ambiente social y político para reducir la discriminación en México.

En el lapso de un lustro, el mapa legal e institucional en México ha abierto un espacio para las personas con discapacidad. No es un espacio suficiente ni justo todavía, pero es un punto de partida para atender la situación de ese 10% de la población que hace unos cuantos años era, sencillamente, invisible.

En el año 2001, se introdujo en el Artículo 1°, párrafo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo que ahora denominamos nuestra cláusula de no-discriminación. Allí se lee que:

“Queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico o nacional, el género,  la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, aprobada en junio de 2003, reglamenta y desarrolla el contenido de esta norma constitucional y establece tanto una serie de medidas para prevenir la discriminación que protegen a las personas con discapacidad como medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades.

Estas últimas equivalen a lo que en un lenguaje legal e institucional más conocido son las “acciones afirmativas”. Entre estas medidas destacan, como obligaciones del Estado:

I.- Promover un entorno que permita el libre acceso y desplazamiento;

II.- Procurar su incorporación, permanencia y participación en las actividades educativas regulares en todos los niveles;

III.- Promover el otorgamiento, en los  niveles de educación obligatoria, de las ayudas técnicas necesarias para cada discapacidad;

IV.- Crear programas permanentes de capacitación para el empleo y el fomento a la integración laboral;

V.- Crear espacios de recreación adecuados;

VI.- Procurar la accesibilidad en los medios de transporte público de uso general; y

VII.- Promover que todos los espacios  e inmuebles públicos o que presten servicios al  público, tengan las adecuaciones físicas y de señalización para su acceso, libre desplazamiento y uso.

En consonancia con estos cambios, en las entidades federativas del país se han desarrollado legislaciones especificas para atender a las personas con discapacidad.

Hablamos, en este sentido, de la existencia de 31 legislaciones locales en materia de discapacidad, haciendo la excepción sólo del estado de Baja California Sur.

También existen medidas  legales a favor de las personas con discapacidad en reglamentos específicos de cinco entidades federativas (Sonora, Chiapas, Puebla, Chihuahua y Morelos), que facilitan la aplicación de las normas establecidas.

Aunque todavía está por hacerse un  enorme trabajo de actualización y homologación de estas legislaciones, debe decirse que éstas exhiben el interés de la sociedad mexicana y de sus diferentes niveles de gobierno por responder a esta problemática.

De manera similar, en 28 legislaciones  federales, entre las que se incluyen algunas esenciales como la Ley General de Salud, la Ley General de Educación y la mencionada Ley Federal para Prevenir  y Eliminar la Discriminación, se establecen normas para garantizar el trato equitativo y el respeto a los derechos de las personas con discapacidad. También tenemos el registro de 8 Normas Oficiales Mexicanas (ONM) que establecen obligaciones respecto de las personas con discapacidad, y que van desde la que rige el acceso, tránsito y permanencia de las personas con discapacidad en el Sistema Nacional de Salud, hasta la que establece los criterios para la asistencia alimentaría a grupos de riesgo.

En una ruta similar, un amplio grupo de instituciones públicas mexicanas, como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, la Secretaría de Educación Pública o la Secretaría de Salud mantienen programas específicos de atención a las personas con discapacidad.

En este contexto, quisiera señalar la existencia del Programa del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación  para la Defensa de los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad, que mantiene siete líneas estratégicas de acción para la atención a las personas con discapacidad.

Estas líneas van desde la promoción de legislación internacional en la materia, como la que, a iniciativa de México, se firmó este 30 de marzo en la Asamblea General de la ONU, es decir, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, hasta la atención directa a denuncias por discriminación contra personas por discapacidad.

En este contexto, durante este 2006 se aprobó la Ley General para las Personas con Discapacidad, que establece obligaciones al Estado como capacitar y procurar la inserción al empleo a personas con discapacidad o diseñar y ejecutar programas para incorporar a personas con discapacidad como servidores públicos.

Este vuelco del estado Mexicano en la atención a las personas con discapacidad se ha visto acompañado, y en buena medida estimulado, por un amplio conjunto de acciones civiles, académicas y empresariales que han instalado la atención a las personas con discapacidad como su objeto de atención central.

Este largo proceso a favor de los derechos y visibilidad social de las personas con discapacidad sólo ha podido darse en el marco de una exigencia de nodiscriminación que trasciende al tema de la discapacidad, aunque desde luego lo incluye, y que pugna por una inclusión al desarrollo a todos los grupos que sufren algún tipo de discriminación.

Desde luego, existen obstáculos para consolidar una genuina política de Estado en materia de no-discriminación y de inclusión social en México. Y estos obstáculos valen tanto para las personas con discapacidad como para otros grupos.

Entre estos obstáculos se sigue contando el escaso presupuesto de que disponen las instituciones públicas orientadas a  trabajar con grupos  en situaciones de vulnerabilidad, la existencia casi general de sanciones administrativas o penales para quienes cometen actos de discriminación que impide interiorizar en todos los gobernantes y en la ciudadanía el aprecio por la igualdad genuina y el respeto a las diferencias.

En el caso especifico de las personas con discapacidad, un obstáculo mayor sigue siendo la perspectiva médica o sanitaria con la  que sigue siendo tratada su situación.

Por ejemplo, a la propia Ley General para Personas con Discapacidad le podemos reprochar que aborde el problema de la discapacidad casi sólo como un problema de atención médica y en muy escasa medida como un problema de inclusión social y de acceso a los derechos  y oportunidades fundamentales de la vida social.

Este lustro de cambios nos permite una evaluación positiva de las acciones públicas en México para reducir la discriminación en general, y la de las personas con discapacidad en particular.

Sin embargo, ningún triunfalismo es admisible cuando nuestra tarea en este terreno no ha hecho más que empezar. Nos queda por delante impulsar el cambio cultural que favorezca una nueva mirada  social sobre la discapacidad; también está pendiente una serie de medidas de castigo administrativo y penal contra los actos concretos de discriminación (como los que se encuentran en legislaciones de otros países) y, sobre todo, nos queda la tarea de hacer comprender a nuestras propias élites políticas, empresariales, sociales e intelectuales que la discriminación exige no sólo una condena, sino también una alternativa.

Muchas gracias.

HAY MUCHAS FORMAS...

DISCAPACIDAD NO ES INCAPACIDAD

LA HISTORIA DE DICK Y RICK HOYT